¿Por qué en Italia y Francia hay soldados armados en las calles, y en España no?

En los últimos años, especialmente tras los atentados terroristas y las crisis migratorias, se ha vuelto habitual ver soldados patrullando las calles de París, Bruxelas, Roma o Milán. Sin embargo, en España, la imagen de militares armados en espacios públicos es prácticamente inexistente. ¿Por qué esta diferencia?

Una cuestión de tradición y cultura política

La explicación no se encuentra solo en criterios de seguridad, sino en la historia, la Constitución y la percepción social de cada país.

En Francia, Bélgica y Italia, el uso del ejército en operaciones de seguridad interior está legalmente regulado y es culturalmente aceptado.

Ambos países han establecido desde hace años operaciones de patrullaje militar en sus calles. En Francia, la más conocida es “Sentinelle”, desplegada tras los atentados de 2015.

Francia mantiene desplegados de forma permanente entre 7.000 y 10.000 soldados en su territorio como parte de la Operación Sentinelle, iniciada tras los atentados de 2015. Estas tropas patrullan estaciones, monumentos y lugares de culto, apoyando a la policía en tareas de vigilancia antiterrorista. En 2016, en Valence, soldados abrieron fuego contra un coche que intentó atropellarlos frente a una mezquita. También han intervenido en ataques con arma blanca en el Louvre y la Torre Eiffel. Durante los Juegos Olímpicos de París 2024, el despliegue alcanzó los 18.000 efectivos. Su presencia es habitual y socialmente aceptada.

En Bélgica, los soldados fueron desplegados para patrullar las calles en el marco de la Operación Vigilant Guardian, lanzada el 16 de enero de 2015 como respuesta a la creciente amenaza terrorista. Esta operación implicó el despliegue de militares en lugares sensibles como estaciones de tren, aeropuertos, edificios gubernamentales e instituciones europeas, con el objetivo de apoyar a la policía en la protección de la población. En 2016, el número de soldados movilizados alcanzó aproximadamente las 1.800 unidades. La operación concluyó el 1 de septiembre de 2021, marcando el fin de un periodo de seis años en el que la presencia militar en las calles belgas fue una medida extraordinaria para garantizar la seguridad nacional.

En Italia, la operación “Strade Sicure”, iniciada en 2008, ha mantenido de forma constante miles de soldados vigilando estaciones, monumentos y zonas sensibles.

En diciembre de 2024, el Gobierno italiano desplegó a 300 paracaidistas de la Brigada “Folgore” — la unidad de élite del Ejército — para desalojar viviendas ocupadas ilegalmente en el municipio de Caivano, en la provincia de Nápoles. Los paracaidistas, según se lee en el sitio del Ejército Italiano, también han sido empleados en operaciones antidroga, participando en incautaciones de estupefacientes junto a la Policía del Estado (equivalente a la Policía Nacional).

Actualmente, Italia cuenta con más de 7.000 soldados del Ejército desplegados en las calles de sus ciudades.

El caso español: una barrera constitucional y emocional

En España, el uso del Ejército en tareas de orden público está estrictamente limitado por la Constitución de 1978. Su artículo 8 establece que el papel de las Fuerzas Armadas se circunscribe a la defensa nacional y a la protección de la integridad territorial del Estado.

A esta limitación legal se suma una memoria histórica profundamente marcada por la dictadura franquista, durante la cual los militares participaron activamente en la represión interna. Esto ha generado un rechazo social generalizado hacia cualquier intento de “militarización” de la vida civil.

Por ello, en situaciones de emergencia interna, España recurre a cuerpos civiles especializados como la Policía Nacional, la Guardia Civil —que, aunque de estructura militar, opera como fuerza policial— y las policías autonómicas, como los Mossos d’Esquadra o la Ertzaintza.

Una excepción destacada es la Unidad Militar de Emergencias (UME), creada en 2005 como unidad militar permanente con funciones específicas de intervención en casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad, tanto en territorio nacional como en misiones internacionales. Su labor se orienta a la protección civil, participando en la extinción de incendios, la gestión de inundaciones, terremotos y otras emergencias naturales o tecnológicas.

Aunque integra las Fuerzas Armadas, la UME no actúa en funciones de orden público ni en operaciones policiales. Su despliegue, incluso dentro de España, se realiza sin armas de guerra y bajo la dirección del Ministerio del Interior, en estrecha coordinación con Protección Civil y otras autoridades civiles.

En resumen, la UME constituye la única excepción en la que una unidad militar puede operar regularmente en suelo español, pero siempre con fines humanitarios y de protección civil, no como herramienta de seguridad pública.

¿Una cuestión de necesidad o de principios?

Desde el punto de vista operativo, España no tiene una necesidad urgente de desplegar militares armados en las calles, ya que cuenta con múltiples cuerpos policiales bien distribuidos y especializados. Pero más allá de la necesidad, existe un principio constitucional y cultural que impide normalizar el uso del ejército en el ámbito civil.

En cambio, en Italia, Bélgica y Francia, la presencia de soldados se interpreta como un refuerzo de la seguridad, no como una amenaza a las libertades. La sociedad acepta —y a veces incluso demanda— su presencia, sobre todo en contextos de alerta antiterrorista.

Esta diferencia no solo se da entre España, Bélgica, Francia e Italia. En Alemania, por ejemplo, el uso de las Fuerzas Armadas en territorio nacional está también muy restringido por ley, como consecuencia directa de la Segunda Guerra Mundial. En cambio, en países del Este de Europa o en Bélgica, es más común ver soldados patrullando áreas sensibles.

Conclusión

España ha optado por mantener una estricta separación entre lo militar y lo civil. Mientras tanto, países vecinos como Francia o Italia han seguido caminos distintos, donde el ejército forma parte —aunque de forma limitada— del paisaje cotidiano de la seguridad pública.

Ambos modelos tienen argumentos válidos. Lo importante es entender que la presencia o ausencia de militares en la calle no refleja necesariamente un mayor o menor nivel de seguridad, sino una elección política e histórica sobre el tipo de relación que cada sociedad quiere tener con sus Fuerzas Armadas.